Luego de conocerse en el Termómetro Social de Universidad de Chile que más del 80% de la ciudadanía está a favor de un cambio en la constitución, el Partido Por la Democracia (PPD) manifestó que agua como recurso, debe ser de dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del estado.

El PPD insta al Gobierno a llevar a cabo un plebiscito para un Nueva Constitución, que sea la ciudadanía que tenga el protagonismo de decidir, fortaleciendo nuestra democracia, es indudable que el modelo actual beneficia negocios imperfectos, especulativos y que aumentan la pobreza como es el caso del mercado del agua. Para el PPD la Constitución y el Código de Aguas del 80 reconoce los Derechos de Aprovechamiento De Aguas (DAA) como propiedad impidiendo de esta forma que el estado gestione su balance.

EL PPD propone que el agua sea de dominio absoluto del estado y que la Constitución sea coherente, garantizando en la práctica el principio del Bien Común como objetivo central de las políticas de Estado. Para el vicepresidente del PPD Horacio Velásquez, manifestó que: “Hoy en día existen personas que acaparan derechos de agua y no los ocupa, de esta forma los agricultores de Chile Chico que viven a orillas del segundo lago más grande de Sudamérica no pueden sacar agua porque no tienen los derechos y se ven imposibilitados de presentar proyectos de riego, haciéndolos vulnerables al cambio climático y teniendo menores rendimientos en sus cosechas”.

Para el PPD el Informe Ejecutivo de Proceso Constituyente 2017, es muy claro en declarar que 95% de las personas valoran respetar el medio ambiente y la necesidad de un desarrollo sustentable que genere políticas públicas tendientes al bien común y no para el beneficio de algunos, distinto a lo que sucede hoy en día donde la sociedad no es quien decide cómo usar el agua sino los dueños.

El Código de Aguas permite la privatización del agua bajo el convencimiento que el mercado será el mecanismo más eficiente para su asignación, con la idea de entregar derechos a privados el uso y la propiedad de agua, asumiendo que existirían caudales constantes y no habría escases. Situación que se acrecienta en un país presenta un 40% de zonas declaradas con escasez hídrica.

Además, Velásquez manifestó que “De esta forma hoy en día es muy difícil llevar a cabo políticas públicas tendientes a disminuir el impacto del Cambio Climático, ya que no se cuenta con los derechos de agua. Se impide priorizar el uso para el consumo humano. En la comunidad de Cochrane no se pudo sacar agua de su rio para el proyecto de agua potable, hubo que buscar otro cauce. Además, hoy en día la Comunidad de Aguas del El Claro está imposibilitada de extender su proyecto situado en el lugar donde está concentrado la mayor producción agrícola de la región, producto que los derechos están tomados ríos abajo por una empresa que nos ocupa hace más de cinco años, afectando a seriamente a nuestra soberanía alimentaria”.