Escrita por: Luis Alberto Prieto Epuyao, Seremi Justicia y Derechos Humanos Región de Aysén.

La Ley N°20.534 creó la Comisión de Coordinación del Sistema de Justicia Penal, cuyo objetivo es procurar el fortalecimiento y buen funcionamiento del sistema procesal penal, siendo la misma integrada por las máximas autoridades relacionadas con el proceso penal, teniendo en cada región de nuestro país una Comisión Regional de carácter permanente, en la cual se desarrollan labores de coordinación, seguimiento y evaluación del sistema procesal penal, además de sugerir propuestas tendientes a mejorar el funcionamiento del mismo.

En tiempos de pandemia, la Comisión Regional –presidida por el Secretario Regional Ministerial de Justicia, en conformidad a la citada Ley- ha sesionado en tres oportunidades, a través de video conferencia, en donde la coordinación y el espíritu colaborativo de sus comisionados ha permitido dar continuidad al sistema penal de nuestra región, destacando la implementación de tecnología para evitar desplazamientos interurbanos de los usuarios de las localidades más apartadas de Aysén.

Quiero realzar en estas líneas, que la adopción de criterios regionales –y no nacionales- principalmente por parte del Poder Judicial y Ministerio Público han sido fundamentales para la operatividad de nuestro sistema penal, lo cual sumado a las labores ininterrumpidas de Carabineros y la PDI, han brindado a los usuarios una oportuna respuesta frente a sus necesidades, siendo la región de Aysén una de las que presenta mayor normalidad en época de Covid-19.

Como servidores públicos, los integrantes de la Comisión Regional siempre tenemos el desafío de mejorar, y el coronavirus ha representado una oportunidad de hacerlo que recién comenzamos a dimensionar, toda vez que esos pequeños-grandes problemas de los intervinientes en el proceso penal, en la actualidad son resueltos sin más trámite, con una sencilla coordinación ad-hoc, lo cual, reitero, es fruto del espíritu colaborativo de sus miembros.

La tarea que tenemos es perseverar en las soluciones implementadas, pero sobre todo en el ánimo de sus comisionados de adaptarse frente a las necesidades del otro, el cual esperamos perdure más allá del Estado de excepción constitucional en que nos encontramos, y sea el principio rector del quehacer del Sistema de Justicia Penal en nuestra región.