El día 1 de octubre la ciudad de Coyhaique ha sido, nuevamente, impactada por el horror del femicidio. En esta oportunidad, el femicida Cristian Díaz Vargas, aprovechándose del vínculo familiar con la víctima, viola y asesina, brutalmente, a Julia Mansilla Vargas, joven de 21 años.

Las características del delito confirman lo que las feministas venimos sosteniendo desde la década del 90: el femicidio es un crimen de odio contra las mujeres, la motivación última es el control, dominio y exterminio de sus cuerpos, constituye el último eslabón de la violencia capaz de soportar por quienes han sido privadas, históricamente, de detentar derechos y se inscribe en el gran engranaje sociocultural que es el patriarcado. Por consiguiente, su perpetración no es aislada, tampoco individual, es una proyección, la más letal, de la misógina existente en la sociedad toda.

La definición anterior, gracias las gestiones realizadas por la familia de Gabriela Alcaino, otra joven víctima de la brutalidad machista en nuestro país, recientemente, ha sido acogida, en parte, por nuestro Código Penal, el cual hasta marzo del 2020 limitaba el delito de femicidio al homicidio directo, consumado en el contexto de las relaciones de pareja, dejando fuera los casos como el de Julia.

Lo anterior, nos parece constituir el resultado de una demanda histórica exigida por organismos internacionales y el activismo feminista chileno, pues hace décadas la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer), en sus informes, le había sugerido al Estado chileno ampliar la tipificación de femicidio, pues debido a su restrictiva definición penal no era capaz de aportar en la prevención, sanción y reparación de la violencia contra las mujeres, diagnóstico y denuncia similar sostenida por la Red Chilena Contra la Violencia, quienes ante dicha falencia se vieron en la obligación de elaborar un registro no oficial de femicidios.

A diecinueve días del plebiscito que, eventualmente, daría paso a la elaboración de un nuevo marco jurídico, desde la trinchera feminista, que procura avances en la eliminación
de la violencia contra niñas y mujeres, debemos presionar para que el catálogo de derechos sea ampliado e incorpore el imperioso derecho a una vida libre de violencias y discriminación, pues necesitamos que nuestras experiencias, problemáticas y necesidades sean reconocidas, necesitamos hacer emerger la postergada ciudadanía femenina, que se plasme, que se instaure y que, finalmente, presione para la creación de un Estado otro, uno en que los casos de Gabriela y Julia no sean posibles.

Al final del día, cuando el dolor por lo ocurrido con Julia nos atormenta, nos horroriza, nos angustia, no nos queda más, por ella y las generaciones que vendrán, mantener, con mucha dificultad: la esperanza.

REDOFEM AYSEN