La Corte de Apelaciones de Coyhaique confirmó la sentencia que condenó a Diego Sebastián Vogt Olivares a la pena efectiva de 3 años y un día de presidio, en calidad de autor del delito de tenencia de arma de fuego y municiones. Ilícito perpetrado en septiembre del año pasado, en la localidad de Balmaceda.

En fallo unánime (causa rol 260-2020), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Pedro Castro Espinoza, Sergio Mora Vallejos y José Ignacio Mora Trujillo– rechazó error de derecho en la sentencia impugnada, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Coyhaique.

“(…) la defensa del sentenciado, según se señaló, fundó la causal de nulidad presentado en la causal del artículo 373 letra b) del Código Procesal Penal, estimando que existió una errónea aplicación del derecho que influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo ya que debió acogerse la eximente de responsabilidad contemplada en el artículo 14 C de la Ley 17.798 y absolverse a su representado, argumentando que la policía no tenía una orden de entrada y registro, a pesar de haberse solicitado y que, en dicho contexto, el imputado, sabiendo que tenía las armas y municiones en su domicilio, tomó la decisión informada de entregarlas, al permitir la entrada de la policía”, afirma el fallo.

La resolución agrega que: “(…) sin embargo, la disposición que exime de responsabilidad, por la entrega voluntaria de las armas, es clara y precisa en establecer como condiciones o requisitos para ello y hacer aplicable la eximente que se trata, la circunstancia, entre otras, que no haya mediado actuación policial, apareciendo de los antecedentes existentes que ello sí efectivamente aconteció, es decir, que hubo intervención de la policía, puesto que en la sentencia que se impugna quedó acreditado que si bien el acusado autorizó el ingreso de los funcionarios policiales a su domicilio y permitió que éstos registraran el inmueble hasta que encontraron las armas y municiones, tal diligencia no puede considerarse como una entrega voluntaria de éstas, en atención a que de las declaraciones de los funcionarios policiales Rojas Roldán, Cuevas González y Araya Onell, se acreditó que el hallazgo fue obtenido por el registro que éstos efectuaron y, en tales condiciones, no puede estimarse haya mediado una entrega voluntaria de las armas y municiones sino que, como lo determinó el Tribunal, ello se obtuvo y concretó por la actuación policial que aconteció”.

“A este respecto –prosigue– es pertinente indicar que los sentenciadores, para denegar la petición de la Defensa, dejaron claramente establecido, por las declaraciones de los funcionarios policiales, que éstos llegaron hasta el domicilio del acusado en el marco de una orden de investigar originada por la denuncia que ellos mismos efectuaron al haber detectado que el acusado aparecía en redes sociales ostentando instrumentos similares a armas de fuego y piezas de caza de animales protegidos por la ley, por lo que al registrar dicho domicilio, independiente ello que hayan sido autorizados por su propietario, ya existía una investigación judicial, lo que motivó la diligencia policial de registro y, por ende, no puede considerarse que el acusado voluntariamente haya efectuado, en forma efectiva y oportuna, la entrega de las especies encontradas en su domicilio, sino ello ocurrió por la actuación de la policía”.

“Que, en consecuencia, no divisándose que en la especie haya existido, por parte del Tribunal, una errónea aplicación del derecho, como lo asevera la Defensa, sino por el contrario se ajustó plenamente a la normativa legal vigente, procede desestimar el recurso de nulidad deducido por ésta, y así se declarará”, añade.

Por tanto, se resuelve: “Que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por don Andrés Piñeiro Santis, Defensor Penal Público, en representación de Diego Sebastián Vogt Olivares, en contra de la sentencia definitiva dictada en la presente causa con fecha doce de Junio de 2020, por medio de la cual y en lo recurrido, se condenó a éste, a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo; a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos e inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos durante el tiempo de la condena, como autor de un delito de tenencia ilegal de arma de fuego y municiones, previsto y sancionado en el artículo 9, inciso primero, de la Ley N° 17.798, sobre Control de Armas, ocurrido el día 6 de septiembre de 2019, en la localidad de Balmaceda, sin beneficios de la Ley 18.216 y, en consecuencia, el juicio oral llevado a cabo y la sentencia que recayó en el mismo, no son nulos”.