Escrita por Luis Alberto Prieto Epuyao, Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Región de Aysén.

Con cierta frecuencia en los medios de comunicación, se menciona el concepto de Libertad Condicional, sin embargo, rara vez es explicado en términos genéricos, indistintamente de un caso concreto u hecho noticioso, por lo que pretendemos en las próximas líneas explicar sucintamente en qué consiste y que cambios se están implementando en la materia.

A partir de la Ley N°21.124 publicada en el Diario Oficial el 18 de enero de 2019, se modificó sustancialmente el Decreto Ley N°321, que establece la Libertad Condicional para personas condenadas a penas privativas de libertad, el cual data desde 1925, siendo algunos de los cambios más significativos el establecer expresamente que consiste en un beneficio y no en un derecho, se aumentaron de 3 a 4 los bimestres de muy buena conducta exigidos, y se incorpora como requisito el contar con un informe de postulación psicosocial elaborado por Gendarmería, entre otras modificaciones.

Ahora bien, sin duda que el cambio más relevante dispuesto por la citada ley, es que las personas en libertad condicional quedarán sujetas a la supervisión de un Delegado de Libertad Condicional, quién –por disposición expresa- deberá elaborar un plan de intervención individual, el que deberá comprender reuniones periódicas (mensuales durante el primer año), la realización de actividades tendientes a la rehabilitación y reinserción social del condenado, tales como la nivelación escolar, la participación en actividades de capacitación o inserción laboral, o de intervención especializada de acuerdo a su perfil. Este plan de intervención deberá considerar el acceso efectivo del condenado a los servicios y recursos de la red intersectorial, e indicar con claridad los objetivos perseguidos con las actividades programadas y los resultados esperados.

Anterior a la modificación, la supervisión no estaba contemplada, debiendo la persona condenada someterse a un régimen de control administrativo, consistente en una firma semanal en un establecimiento de Gendarmería de Chile, asimismo, se modifican las causales de revocación del beneficio, asociándolas al incumplimiento del plan de intervención individual diseñado para la persona, por lo tanto, a la supervisión que realice el delegado de libertad condicional del caso, la que deberá ser informada a la Comisión de Libertad Condicional para que se pronuncie sobre la continuidad o revocación del beneficio.

En tanto, un aspecto muy relevante y en armonía con la figura y rol del Delegado de Libertad Condicional, es la obligación del Estado a través de los organismos pertinentes, el promover y fortalecer la formación educacional, la capacitación y la colocación laboral de los condenados que gocen de la libertad condicional, con el fin de permitir e incentivar su inserción al trabajo, para lo cual los organismos estatales y comunitarios deberán considerar especialmente toda solicitud que los delegados de libertad condicional formularen para el adecuado tratamiento de las personas sometidas a su orientación y vigilancia.

Finalmente, esperamos que, con la implementación de las modificaciones comentadas, logremos una efectiva reinserción de aquellos que, habiendo sido condenados a una pena privativa de libertad, han demostrado conciencia de la gravedad del delito cometido, del mal que éste causa y de su rechazo explícito a tales delitos, ya que recordemos, a mayor reinserción, mayor seguridad.