Escrita por Luis Alberto Prieto Epuyao, Seremi Justicia y Derechos humanos, Región de Aysén.

A partir de lo que ha sido la implementación de la reforma procesal penal, hace poco más de 20 años, la ley que creó los tribunales de familia, del año 2004,  la reforma procesal laboral, del año 2005, además de las actuales institucionalidades procesales en materia medio ambiental y tributaria, persiste en nuestro sistema de justicia, la necesidad de avanzar en la modernización de la justicia civil, toda vez que el actual sistema tiene más de 100 años sin modificaciones sustantivas, y es ahí, en donde hoy nos detendremos, para comentarles de que se tratan las modificaciones impulsadas por el Ejecutivo, que buscan cambiar el paradigma actual de resolución de conflictos civiles, al centrarse en un acceso real de las personas a la justicia.

Respecto del acceso real, dos aspectos significativos, primero, la creación de un sistema gratuito de mediación, en el cual las personas puedan acudir sin tener que contratar a un abogado, para poder resolver los conflictos en forma rápida, por medio del dialogo, acercando posiciones frente a un profesional capacitado para tal efecto, y en segundo lugar, se contempla la figura de un juez para el ciudadano, para todos aquellos casos  en que los usuarios no logren acuerdo en la mediación, siempre y cuando se trate de conflictos de baja cuantía, hasta 40 UTM (un poco más de dos millones de pesos), podrán acceder a un procedimiento simple frente al juez, sin la necesidad de abogado, quien resolverá el caso en una  sola audiencia.

Una de las mayores críticas del actual sistema, es el extenso tiempo de duración que tienen los procedimientos, por lo que con la implementación de la reforma procesal civil, se pretende disminuir significativamente en un 60%, en el caso de los procedimientos ordinarios, y en un 87% en el caso de los sumarios, para ello, una de las medidas es establecer un procedimiento oral, que garantizará la relación directa del juez con las partes y la prueba, con plazos breves para dictar sentencia, y con trámites más reducidos (no habrá réplica y dúplica, debiendo ofrecerse toda la prueba en la demanda o contestación), asimismo, se promueve un sistema recursivo más acotado, ya que se limita el recurso de apelación a las sentencias definitivas e interlocutorias que pongan término al juicio o hagan imposible su continuación, restringiendo este medio de impugnación a los incidentes, lo que conlleva una disminución de tiempos de tramitación.

Si bien la reforma contempla muchos otros aspectos, finalizo estas líneas refiriéndome a la mayor cobertura a la que tendrán acceso las personas, ya que se contempla aumentar de 136 comunas que cuentan con un tribunal con competencia civil, a 164 comunas, pero no solo ello, también pretendemos con la implementación de esta reforma, el aumentar en un 76% el número de jueces, pasando de los 278 (de competencia común y especializado) del año 2020, a 490 jueces, una vez que esté en régimen la reforma, lo que sin duda contribuirá a un sistema de justicia civil más cercano, expedito y de menor costo para los ciudadanos y ciudadanas.