Escrita por; Luis Alberto Prieto Epuyao, Seremi de Justicia y Derechos Humanos Región de Aysén.

Una realidad dolorosa y silenciosa es la que viven numerosas familias en las que los alimentantes (puede ser el padre o la madre) no cumplen con su obligación de proveer alimentos en favor de sus hijos, por ello la necesidad de avanzar en diversas medidas que permitan superar la triste cifra que actualmente se registra en la materia: solo un 16% de los alimentantes cumple a cabalidad con su obligación.

Por ello, y en el contexto de la conmemoración del día internacional de la mujer –la gran mayoría de los deudores de alimentos, son los padres-, este año nuestro Gobierno ingresó un mensaje presidencial a fin de modificar la ley Nº14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, creando el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, en qué consisten estas modificaciones y el mencionado registro, es lo que sucintamente relataremos a continuación.

Actualmente, son diversas las medidas de apremio que se pueden solicitar cuando existe un incumplimiento en el pago de las pensiones de alimentos, tales como el arresto nocturno hasta por quince días, la suspensión de la licencia de conducir hasta por seis meses, la retención de las devoluciones anuales de impuestos, el arraigo nacional, el embargo y la liquidación de bienes, sin embargo, éstas no han sido eficaces para exigir hacer efectivo el cumplimiento de la obligación. En razón de lo anterior, con la creación de este registro, ingresarán: (i) todas aquellas personas que estén obligadas al pago de una pensión de alimentos, provisorios o definitivos, fijados o aprobados por resolución judicial que causa ejecutoria; y, (ii) las personas que adeuden, total o parcialmente, al menos tres mensualidades consecutivas de alimentos provisorios o definitivos, o cinco discontinuas.

Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias de figurar en este registro? Lo primero es que hay un cambio de la lógica, evolucionando de las sanciones punitivas (las mencionadas en el párrafo precedente), para avanzar en el establecimiento de sanciones de carácter patrimonial, como por ejemplo, al solicitar un crédito bancario por una suma igual o superior a 50 UF, la entidad financiera retendrá parte de los fondos para pagar la deuda, también, en caso que el deudor venda su inmueble o su vehículo, el Conservador de Bienes Raíces o el Registro Civil, respectivamente, podrán inscribir el traspaso, solo en la medida que se les acredite que con las ganancias se pagarán los alimentos, otro ejemplo, es si una persona es despedida de su puesto de trabajo, y a la vez es deudora, pagará la pensión alimenticia a través de la indemnización por años de servicio.

Además, en caso que un deudor de alimentos figure en este registro, se establece la inhabilidad para recibir determinados beneficios económicos o bonos por parte de órganos de la Administración del Estado, asimismo, en el caso de los trabajadores con contrato a honorarios y/o personas que reciban pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia, sufrirán retenciones de sus pagos hasta saldar la deuda de pensión alimenticia, y así, una serie de medidas que pretenden generar una serie de consecuencias en su diario vivir de los alimentantes, que les obligarán a pagar sus pensiones adeudadas.

Finalmente, un aspecto no menor de este proyecto de ley, que ya se encuentra despachado por el congreso, y está próximo a su promulgación y posterior publicación en el diario oficial, es que busca promover la corresponsabilidad familiar de los hijos en común, establecido que el incumplimiento reiterado del deber de proveer alimentos, sea definido como violencia intrafamiliar, todo lo anterior, con el ánimo de colocar fin a la cultura del incumplimiento, que hacíamos mención al comienzo de estas líneas.